Operación Renacer” un Antecedente Histórico para la Justicia Penal Militar

Tras una queja instaurada por las Diócesis de Quibdo, Itsmina-Tado, Apartado y 47 ONGs que integran el Foro Interétnico Solidaridad Choco, acerca de la presunta connivencia de miembros de la Fuerza Pública colombiana con organizaciones delincuenciales en el río Atrató y sus afluentes, afectando a las comunidades afro-descendientes, indígenas y mestizas; se destinó una Unidad Especial de investigación integrada con funcionarios de la Justicia Penal Militar y bajo la dirección del Señor General Freddy Padilla de León, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Conjunto de las FF.MM, para allegar las evidencias que desvirtuaran o confirmaran tan serias aseveraciones.

La Unidad Especial ordenada por resolución del Comandante General de las FF.MM Señor General Carlos Alberto Ospina Ovalle, estuvo integrada por el Doctor Eduardo Lozano Rivera, Juez 26 de IPM del Ejército, la Mayor Claudia Patricia Renteria Tenjo, Juez 122 de IPM de la Fuerza Aérea, la Teniente Diana Marcela Aristizabal Hoyos, Juez 94 de IPM del Ejército y la Doctora Betsy Sánchez, Juez 156 de IPM de la Policía y los secretarios de los despachos Elizabeth Silva Muñoz, Luz Marina Salguero Terán, Dora Ines Murillo Palacios, Luis Eduardo Cuesta, secretarios respectivamente, quienes desempeñaron una labor ejemplar, de compromiso, valor y entrega.

Este equipo realizó con el apoyo de miembros de la Armada de la Cuarta Brigada del Ejército durante 15 días, un recorrido a través del río Atrato desde Quibdo hasta Carepa, con estaciones en los puntos de: Beté - Bocas de Bebará – Carmen del Darien – Vigia del Fuerte – Bellavista - Napipi – Opogado – Riosucio – Turbo y Carepa (Antioquia), en donde se recepcionaron las declaraciones y testimonios a los pobladores de estas zonas y se logró determinar la afectación de la población civil por causa de grupos alzados en armas. La labor realizada concluyó con la recopilación de todas las pruebas que permitieron establecer la verdad de los hechos y la solicitud por parte de los pobladores para que la Fuerza Pública permanezca en estas zonas afectadas por los agentes generadores de violencia.

Es importante resaltar la labor cumplida por este grupo de trabajo toda vez que con estas acciones se evidencia el esfuerzo y el compromiso de quienes procuran una mejor y efectiva Justicia Penal Militar.