Bogotá, D.C., 10 de noviembre de 2025. La Corte Constitucional declaró como improcedente una tutela presentada por la Procuraduría sobre la competencia de la Justicia Penal Militar y Policial, en el caso de un subintendente condenado por tres delitos. 

El alto tribunal ratificó una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que en octubre de 2024 desestimó la tutela, por lo que se mantuvo la competencia de la Justicia Penal Militar y Policial para adelantar el proceso en contra del subintendente de la Policía Víctor Alfonso Garzón Aguirre, quien fue condenado por solicitar el pago de viáticos de una comisión de servicios que no ejecutó.

El ministerio Público impulsó la acción de tutela, al considerar que los hechos por los que fue condenado el uniformado no guardaban relación con actos del servicio, a lo cual la Corte Constitucional señaló que para motivar una colisión de competencias debía acudir inicialmente ante la jurisdicción que consideraba debía adelantar el caso, procedimiento que no ocurrió. 

“En este caso, aunque la actora le solicitó al juez que declarara su falta de competencia durante la audiencia de verificación de allanamiento, al no tener éxito ella pudo agotar la posibilidad de acudir ante las autoridades de la jurisdicción ordinaria –bien sea ante la Fiscalía o los jueces de control de garantías– para que reclamaran su competencia, como también promover incidentes de nulidad o recursos para satisfacer sus pretensiones, teniendo como última herramienta la acción de tutela”, expuso la Corte. 

En ese sentido, el alto tribunal le dio la razón a una determinación del Tribunal Superior Militar y Policial, que decidió no estudiar un recurso de apelación frente a la competencia en este proceso, que se mantiene en la Justicia Penal Militar y Policial.