SENTENCIA. En firme adquiere calidad de cosa juzgada. La sentencia, una vez ejecutoriada, no es factible su reforma al tenor de lo consagrado en el artículo 335 de la Ley 522 de 1999, en tanto el fallo alcanzó la condición de cosa juzgada adquiriendo el carácter de inmutable, definitivo, vinculante y coercitivo, dado que con ello se procura la seguridad y estabilidad de las decisiones judiciales. Los actos procesales tienen un carácter preclusivo regulado en la ley procesal, pues el Estado, a través de la reglamentación legal, debe asegurar que los procedimientos tengan un curso determinado, que cada actuación procesal siga lógica y coherentemente a otra, y que la sentencia sea el resultado de la rigurosa observación de pasos y formas tendientes a garantizar a los sujetos la demostración de sus derechos y pretensiones, y a la jurisdicción la posibilidad de comprobar plenamente los aspectos subjetivos y objetivos de la infracción, admitiendo en el curso de la actuación solamente los actos propios de ella y dentro de los lapsos establecidos por el ordenamiento. PENA. Principio de necesidad. Tiene que ver con la mejor protección del bien jurídico tutelado para excluir ciertas conductas del ámbito de lo legalmente permitido (protección), en contraste con otros medios preventivos también idóneos, pero menos restrictivos de la libertad (sanciones disciplinarias, administrativas, etc.). A partir de este principio surge la función preventiva de la pena, buscando la conminación a la colectividad para que se abstengan de incurrir en conductas criminales (prevención general), y la corrección y aislamiento del delincuente como instrumento para evitar su reincidencia (prevención especial). El principio de necesidad de la pena, como criterio hermenéutico, no solo es predicable para individualizar la pena una vez el juez haya fijado el cuarto de movilidad punitiva, sino también para conceder el beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena, conforme al numeral segundo del artículo 63 del Código Penal Militar de 2010, aspecto que decantaremos en el próximo acápite de éste proveído. PENA. Principio de proporcionalidad. conlleva el análisis de la antijuridicidad y culpabilidad de la conducta, en el entendido que la sanción impuesta debe guardar simetría con el comportamiento desplegado por el procesado y la responsabilidad que se le imputa. PENA. Principio de razonabilidad. Va ligado a la argumentación jurídica requerida, desde la norma y el bloque de constitucionalidad, para resolver el caso concreto, dejando de lado el capricho del operador en la imposición de la pena y con ello buscando la legitimidad de la decisión. PENA. Fines. La ejecución de la pena se hace necesaria en tanto con ella se buscan los siguientes fines, a saber: i) preventivo, que se cumple esencialmente al imponer la sanción, frente a la amenaza que representa la violación de las prohibiciones; ii) retributivo, que se manifiesta en el momento de la imposición judicial de la pena y, iii) resocializador, que orienta el cumplimiento de la misma de conformidad con los principios humanistas y las normas de derecho internacional acogidas. SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA. No procede para delitos que atenten contra la Disciplina. El legislador del año 1999 reguló en forma expresa y completa en el Título III, de la Punibilidad, Capítulo III, de la condena de ejecución condicional, artículo 71, los presupuestos para el otorgamiento de la suspensión de la ejecución de la condena; lo propio hizo con la expedición de la Ley 1407 de 2010, nuevo Código Penal Militar, en la que en su artículo 63 estableció que para la concesión del beneficio sustitutivo era mandado, además del penado cumplir con requisitos de quantum punitivo y necesidad de la ejecución de la pena, que no se tratara de delitos que atenten contra la disciplina, el servicio, el honor, la seguridad de la Fuerza Pública, la Administración Pública, cualquiera sea la sanción privativa de la libertad, salvo los delitos culposos. El Código Penal Militar es una regulación expresa y autónoma en lo sustantivo y en lo procesal, de modo que, por virtud de la voluntad legislativa y la política criminal, sólo será posible importar de otras codificaciones aquellas disposiciones que tengan la virtud de complementar alguna materia no regulada en nuestra legislación, siempre y cuando no se oponga al diseño querido por el legislador, pues la configuración de éste radica en las particulares reglas de conducta que tiene la Fuerza Pública y la especificidad de las funciones que le ha otorgado la Constitución y la ley, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional. SEGUNDA INSTANCIA. Solicitudes nuevas (prisión domiciliaria). La segunda instancia no puede a abordar temáticas que no fueron objeto de debate en la primera instancia, por cuanto ello conspira con el derecho de los demás intervinientes al debido proceso y derecho de defensa.
