Bogotá, D.C., 27 de agosto de 2025. La Procuraduría General de la Nación revocó, en segunda instancia, la decisión emitida en diciembre de 2024, en la cual sancionaba disciplinariamente al director general de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, José Reyes Rodríguez Casas, y al exdirector de la entidad, Fabio Espitia Garzón, alegando un incumplimiento en la ley de cuotas.

El fallo absolutorio emitido por Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría concluye que los funcionarios no cometieron ninguna infracción, en cuanto a la designación de mujeres en al menos un 30 %, en los nombramientos que ocupaban cargos de Otros Niveles Decisorios (OND) de la entidad. 

El ministerio Público verificó que los nombramientos de la OND no dependen exclusivamente de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, dado que la Presidencia de la República también tiene competencia nominadora, por lo que no se configuró la falta disciplinaria señalada por la primera instancia.

“Al no haberse demostrado la tipicidad de la conducta, resulta improcedente sostener la imputación jurídica formulada en el pliego de cargos. Por tanto, lo correcto es concluir que los cargos atribuidos a Fabio Espitia Garzón y José Reyes Rodríguez Casas no están llamados a prosperar, y en ese sentido, no puede sostenerse la responsabilidad disciplinaria por la supuesta comisión de la falta (…)”, señala la decisión de segunda instancia. 

Así las cosas, la Procuraduría revocó la sanción disciplinaria consistente en la suspensión por cinco meses para el actual director de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial y el exdirector, por lo que se emitió un fallo absolutorio.  

“Resuelve: revocar el fallo sancionatorio proferido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, mediante el cual sancionó disciplinariamente a Fabio Espitia Garzón y José Reyes Rodríguez Casas, para en su lugar absolverlos conforme a las consideraciones que anteceden”, concluye el ministerio Público. 

Con la decisión, se ratifica el compromiso de la Justicia Penal Militar y Policial por respetar la normativa administrativa en cuanto a los nombramientos, y otras disposiciones que permiten el funcionamiento adecuado de la entidad.