Los hechos ocurrieron el 15 de septiembre de 2024 en Bogotá, cuando dos patrulleros de la Policía Nacional, adscritos a la Estación de Policía Suba, al parecer exigieron dinero a una comerciante por presuntamente no tener los documentos de su negocio actualizados. Por estas acciones la Fiscalía 2202 de Conocimiento Especializado inició investigación a los uniformados y les fue imputó el delito de Concusión, cargo que no aceptaron.

Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento de detención preventiva, la Fiscal del caso argumentó la necesidad de privar de la libertad a los uniformados mientras avanza el proceso, en tanto podrían intentar entorpecer la adecuada administrar de justicia teniendo en cuenta que, al parecer, el día de los hechos constriñeron a la víctima para que no denunciara lo sucedido.  Ante esta situación, el Juez 1702 Penal Militar y Policial de Control de Garantías concedió la medida solicitada.

La Fiscalía General Penal Militar y Policial continúa desplegando sus capacidades investigativas para proteger el bien jurídico tutelado de la Administración Publica y fortalecer la confianza en las Fuerza Militares y la Policía Nacional.