Corte Suprema de Justicia destacó la fundamentación adoptada por el Tribunal Superior Militar y Policial para preservar las garantías de defensa y contradicción
Bogotá D.C., 20 de noviembre de 2026. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción de tutela promovida por la Fiscal 2210 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado contra el Tribunal Superior Militar y Policial, mediante la cual se cuestionaba la nulidad parcial decretada dentro de un proceso penal militar.
La Corte determinó que la acción constitucional no cumplía el requisito de subsidiariedad, debido a que el proceso penal se encuentra en curso y en su interior existen los mecanismos judiciales previstos para discutir las decisiones adoptadas durante el trámite. Asimismo, estableció que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervención excepcional del juez de tutela.
No obstante, al examinar en gracia de discusión la actuación cuestionada, la Corte constató que la determinación adoptada por el Tribunal Superior Militar y Policial estuvo sustentada en circunstancias concretas relacionadas con la preservación de la unidad procesal y de las garantías de defensa y contradicción.
En particular, señaló que el Tribunal identificó una relación fáctica y probatoria entre las conductas atribuidas a los procesados, así como la existencia de testigos y documentación común, y advirtió que ambos permanecían vinculados a una misma actuación y bajo un único radicado, sin que se hubiera decretado la ruptura de la unidad procesal.
La Corte también destacó que el fundamento de la nulidad no radicó en la sola intervención de dos juzgados dentro del mismo proceso, sino en que la realización separada del descubrimiento y la preparación probatoria impidió que cada defensa interviniera en debates probatorios relacionados con el otro acusado que podían incidir en la situación jurídica de su representado.
De esta manera, las consideraciones consignadas en la decisión de tutela ponen de presente que la actuación del Tribunal estuvo precedida de un examen material de la irregularidad advertida que estuvo a cargo de la fiscalía y de su incidencia sobre las oportunidades de defensa y contradicción, y no de la aplicación automática de una consecuencia procesal derivada de la intervención de diferentes despachos judiciales.
