Noticias

Minutos después de lo sucedido en cercanías al Centro Administrativo La Alpujarra, una juez de instrucción penal militar y policial llegó al lugar junto con personal de Policía Judicial para adelantar las actuaciones correspondientes.

Por solicitud de la Fiscalía General Penal Militar y Policial, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario, para miembros de la Fuerza Pública, en contra del sargento primero Alberto Murillo Supelano, por la presunta comisión del delito de concusión en concurso homogéneo y sucesivo.

Los hechos se presentaron el 9 de diciembre en el municipio de López de Micay (Cauca), cuando un funcionario de la Policía Nacional fue objeto de llamado de atención por parte de un superior momento en el cual se encontraba de servicio. Frente a esta situación el uniformado reaccionó de manera agresiva desenfundando su arma de dotación oficial, realizando un disparo al aire para posteriormente apuntar a la humanidad del superior y amenazarlo con quitarle la vida.

En un trabajo de investigación priorizado por esta Fiscalía, en menos de tres meses se logró la condena de un integrante de la Policía Nacional a 8 meses de prisión por los delitos de peculado por uso y abandono del puesto, en este mismo caso también fue condenado su compañero de patrulla a 6 meses de prisión por de abandono del puesto.

La eficacia de la investigación judicial adelantada por esta Fiscalía permitió recolectar el material probatorio necesario para lograr que un Juez Penal Militar y Policial impusiera pena privativa de la libertad en centro carcelario a un integrante del Ejército Nacional por el delito de hurto de armas y bienes de defensa, además del pago de una multa pecuniaria.

Un juez de Instrucción Penal Militar impuso medida de aseguramiento contra el patrullero Diego Fernando González Bonilla, adscrito a la estación de Policía de Mapiripán (Meta), por su presunta responsabilidad en actuaciones ilegales para favorecer a personas privadas de la libertad, en el centro de reclusión del municipio de Calamar (Guaviare), unidad donde laboraba.

El juzgado 61 de Instrucción Penal Militar, con sede en la ciudad de Villavicencio, abrió investigación con Radicado 02280 contra el sargento viceprimero del Ejército, Oswaldo Jiménez Peñaranda, quien habría agredido a una soldado en el Batallón de Servicios No. 7 el pasado 12 de noviembre, en hechos conocidos públicamente a través de una grabación.

En menos de cuatro meses, un juez penal militar y policial de conocimiento especializado condenó a 200 meses de prisión, por el delito de homicidio agravado, al soldado Gerzan Eladio Asprilla Castillo, tras aceptar su responsabilidad en el homicidio de su compañero del Batallón de Policía Militar No. 13, Joan Sebastián Escudero García, en hechos ocurridos el 25 de mayo de este año en el Cantón Militar Occidental de Bogotá.

La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, en ejercicio de la política de “Cero Tolerancia a la Corrupción”, declaró insubsistentes los nombramientos de las señoras María Teresa Ladino Restrepo, mayor del Ejército Nacional, y Claudia Patricia Jurado Echeverry, juez y secretaria respectivamente, del juzgado 25 de Instrucción Penal Militar y Policial con sede en Rionegro-Antioquia.